Legal Today Actualidad Noticias jurídicas, entrevistas, reportajes, las principales novedades legislativas y agenda con los eventos más importantes del sector.

Últimas entradas de Noticias y Legislación Últimas Noticias y Normativa publicada en Noticias Jurídicas

Laboral Social Esta web está especializada en temas de derecho laboral  en España. Aquí podrá encontrar artículos de interés, noticias, sentencias y más información sobre el mundo laboral. Además puede realizar consultas en el foro o suscribirse al boletín gratuito de carácter mensual.

  • COVID-19. Nuevas medidas: de recuperación de dispensa sindical y afectantes a los centros residenciales de personas mayores o personas con discapacidad
    por Editorial el día abril 4, 2020 a las 5:58 pm

    Mediante la presente Orden SND/322/2020, de 3 de abril (BOE de 4 de abril), con entrada en vigor en la fecha de su publicación, se modifican la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo y la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, y se establecen nuevas medidas para atender a necesidades urgentes de carácter social o sanitario en el ámbito de la situación de las crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Ante la grave crisis que nos asola la Orden adopta nuevas medidas con el fin de contribuir a la contención del COVID-19 en los centros de servicios sociales de carácter residencial. Para ello entre otras medidas, se dispone que se deberá priorizar la identificación e investigación epidemiológica de los casos por COVID-19 relacionados con residentes, trabajadores o visitantes de estos centros, se aclara en qué casos concretos un centro residencial podrá ser intervenido por un empleado público o se disponen nuevas obligaciones de suministro de información por parte de las comunidades autónomas, todo ello con la finalidad de proteger a uno de los colectivos más vulnerables y que más severamente está siendo castigado en esta crisis sanitaria. Dicha información, contenida en un Anexo de esta Orden, será remitida por primera vez antes del día 8 de abril de 2020 y será actualizada desde entonces cada martes y viernes antes de las 21 horas. A estos efectos, la autoridad competente de la comunidad autónoma establecerá la forma y plazo en que los titulares de los centros residenciales objeto de esta orden deben remitir la información que no se encuentre en poder de la comunidad autónoma. Por otro lado, en cuanto al deber de reincorporación temporal de todo aquel personal perteneciente al ámbito de los servicios sociales que gozaba de dispensa absoluta de asistencia al puesto de trabajo para ejercicio de funciones sindicales, a través de la presente Orden se equipara su situación a la del personal sanitario que no se le impuso dicho deber y, de esta forma, se asegura el cumplimiento de las funciones de asistencia y asesoramiento a personas trabajadoras y empleadores. No obstante, en ambos colectivos cabe la posibilidad de reincorporarse a las labores asistenciales relacionadas con el COVID-19 de forma voluntaria.

  • COVID-19. Trabajadores autónomos. ¿Qué se exige para que puedan percibir el bono social regulado en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo?
    por Editorial el día abril 4, 2020 a las 2:06 pm

    El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, ha regulado en su artículo 28 el derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19 y sean titulares de un punto de suministro de electricidad en su vivienda habitual. Este artículo ha sido desarrollado por la Orden TED/320/2020, de 3 de abril (publicada en el BOE de 4 de abril y en vigor desde ese mismo día), disposición que, además, modifica el modelo de solicitud de dicho bono social, lo que obliga a los comercializadores de referencia proceder a su adaptación antes de ponerlo a disposición de los consumidores comprendidos en el ámbito de aplicación del mencionado artículo 28. Para solicitar dicho bono, que consistirá en un descuento en la factura sobre el PVPC, calculado según lo dispuesto en el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, se exige el cumplimiento de los siguientes requisitos: Tener la condición de consumidor vulnerable. Para adquirir dicha condición, será necesario: Que la renta del titular del punto de suministro o, caso de formar parte de una unidad familiar, la renta conjunta anual de la unidad familiar a la que pertenezca, calculada de acuerdo con lo estipulado en el artículo 4 de la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, sea igual o inferior a:2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas, en el caso de que el titular del punto de suministro no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún menor en la unidad familiar; 3 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya un menor en la unidad familiar; 3,5 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar. Acreditar que con fecha posterior al 14 de marzo de 2020 (fecha de entrada en vigor del estado de alarma) el titular del punto de suministro, o alguno de los miembros de su unidad familiar, profesionales por cuenta propia o autónomos, tienen derecho a la prestación por cese total de actividad profesional o por haber visto su facturación en el mes anterior al que se solicita el bono social reducida en, al menos, un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, en los términos establecidos en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. A estos efectos, se considera unidad familiar (art. 82 Ley 35/2006, de 28 de noviembre): La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiera: Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientes de éstos.  Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.  En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial, la formada por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro y que reúnan los requisitos anteriores. Modelo de solicitud. A él se puede acceder en este link y deberá ser remitido por el consumidor a un comercializador de referencia, a través de la dirección de correo electrónico que aparezca en su página web, junto con la siguiente documentación: Copia del NIF o NIE del titular del punto de suministro y, en caso de que forme parte de una unidad familiar, copia del NIF o NIE de cada uno de los miembros para los que dicho documento sea obligatorio. Certificado de empadronamiento en vigor, individual o conjunto, del titular de punto de suministro o de todos los miembros de la unidad familiar. Libro de familia, en el caso de que exista unidad familiar. Acreditación de la condición de consumidor vulnerable conforme a lo expuesto anteriormente. En particular, cuando el trabajador autónomo se encuentre en el supuesto de cese de actividad, la acreditación se realizará mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado. Cuando el contrato de suministro de la vivienda habitual del profesional por cuenta propia o autónomo esté a nombre de la persona jurídica, el bono social deberá solicitarse para la persona física, lo que implicará un cambio de titularidad del contrato de suministro. En el caso de que la solicitud fuera incompleta, en el plazo máximo de cinco días hábiles desde la recepción, el comercializador de referencia se dirigirá al consumidor indicando la documentación acreditativa que debe subsanar. Una vez recibida: Comprobará, a través de la plataforma informática disponible a tal efecto, una vez haya sido adaptada a lo previsto en el artículo 28 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, los datos que obren en la misma. Comunicará mediante correo electrónico al consumidor el resultado de la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos, indicando, en su caso, la fecha a partir de la cual procederá a su aplicación. Si el resultado es positivo, en dicho plazo se deberá haber realizado el cambio de comercializador y la formalización del contrato a Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor. El bono social se devengará a partir del primer día del ciclo de facturación en el que tenga lugar la recepción de la solicitud completa con la documentación acreditativa que, en su caso, sea necesaria. ¿Cuándo se extinguirá la consideración de consumidor vulnerable? Cuando dejen de concurrir las circunstancias referidas, estando obligado el consumidor a comunicar este hecho al comercializador de referencia, aunque en ningún caso se extenderá más de 6 meses desde su devengo, sin perjuicio de la posibilidad de acogerse a dicha condición en cualquier momento anterior o posterior a esa fecha al amparo del resto de supuestos previstos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre. ¿Qué ocurre con las solicitudes presentadas conforme al modelo que se establece en el anexo IV del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, y que ahora se ve modificado? Se tendrán por válidamente presentadas siempre que conste autorización expresa por parte del titular o, en caso de formar parte de una unidad familiar, de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 14 años, para la consulta a las correspondientes bases de datos de la Agencia Estatal de la Administración, o en el caso del País Vasco y Navarra, de la Agencia Foral correspondiente, que contengan información sobre rentas por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a partir de los datos introducidos por la comercializadora de referencia en la aplicación implementada al efecto en la sede electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, sin perjuicio de las mejoras que sean exigibles para acreditar válidamente los requisitos establecidos en el citado artículo 28. A estos efectos: Los solicitantes podrán remitir el nuevo modelo recogido en este link. Los comercializadores podrán solicitar la subsanación de la falta de consentimiento en relación con el modelo de solicitud establecido en el anexo IV del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. En ambos casos, se considerará como fecha de presentación para, en su caso, el devengo del bono social, la fecha en la que se presentó el modelo de solicitud del anexo IV del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, siempre que la solicitud contuviera la documentación acreditativa que, en su caso, fuera necesaria.

  • Publicadas y en vigor nuevas medidas complementarias en el ámbito sociolaboral para paliar los efectos derivados del COVID-19
    por laboral el día abril 1, 2020 a las 11:00 pm

    La crisis sanitaria que estamos padeciendo como consecuencia del COVID-19 está teniendo un impacto directo en la economía y en la sociedad, en las cadenas productivas y en el día a día de los ciudadanos, así como en los mercados financieros. Las medidas adoptadas hasta el momento, siendo trasversales, y teniendo como denominador común la protección del empleo, la ayuda a los más vulnerables y el mantenimiento del tejido productivo, se amplían y complementan con las contenidas en el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo–en adelante, RDL– (BOE de 1 de abril). Estas nuevas medidas, numerosas y de muy distinta naturaleza, si bien la mayoría de ellas afectan de un modo u otro a nuestro ámbito, extienden su vigencia desde el 2 de abril hasta un mes después del fin del estado de alarma, sin perjuicio de que pueda acordarse su prórroga y de que se hayan de respetar los plazos determinados que en su caso se establezcan para medidas concretas. De los contenidos que este RDL recoge a lo largo 54 artículos, 22 disposiciones adicionales, 5 transitorias, 13 finales y 4 anexos, destacamos las siguientes: Se crea un subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas empleadas del hogar (arts. 30, 31 y 32, y disp. trans. 3ª RDL) Se crea el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal (art. 33 y disp. trans. 3ª RDL) Se extiende la incapacidad temporal a las personas trabajadoras de servicios esenciales en caso de confinamiento total (disp. adic. 21ª RDL) Se habilita a la TGSS para conceder moratorias de cotizaciones sociales a empresas y autónomos (art. 34 y disp. adic. 16ª RDL) Se permite a empresas y autónomos el aplazamiento con rebaja del tipo de interés del pago de deudas con la Seguridad Social que tengan que ingresar entre abril y junio de 2020 (art. 35 y disp. adic. 16ª RDL) Se establece la compatibilidad del subsidio por cuidado de menor y prestación por desempleo o cese de actividad durante la permanencia del estado de alarma (disp. adic. 22ª RDL) Se establece la compatibilidad de la pensión de jubilación con el nombramiento como personal estatutario de profesionales sanitarios jubilados (disp. adic. 15ª RDL) Se hace indicación expresa de la aplicación de las especialidades en la prestación por desempleo de los fijos discontinuos del artículo 25.6 a los que hayan visto suspendida su relación laboral antes del 28 de marzo (disp. final 1ª. 18 RDL) Se recurre a la variabilidad o estacionalidad del empleo como circunstancias a valorar para entender cumplido por las empresas el compromiso del mantenimiento del empleo previsto en el RDL 8/2020 (disp. adic. 14ª RDL) Se amplía en las universidades la duración de determinados contratos de personal docente e investigador (disp. adic. 12ª RDL) Se recoge la posibilidad de prorrogar los contratos de duración determinada de los investigadores (disp. adic. 13ª RDL) Se amplían los plazos para recurrir (disp. adic. 8ª RDL) Se establecen previsiones en materia de concurso de acreedores (disp. trans. 4ª y disp. final 1ª.16 RDL) Se prevé la aprobación de un plan de actuación para agilizar la actividad judicial en el orden social…«a la vuelta» (disp. adic. 9ª RDL) Se permite destinar los ingresos derivados de la cotización por formación profesional obtenidos en el ejercicio 2020 a la financiación de la protección por desempleo o fomento de la contratación de desempleados (disp. adic. 7ª RDL) Otras medidas Consulte aquí en formato PDF SE CREA UN SUBSIDIO EXTRAORDINARIO POR FALTA DE ACTIVIDAD PARA LAS PERSONAS EMPLEADAS DEL HOGAR (ARTS. 30, 31 y 32, Y DISP. TRANS. 3ª RDL) Para dar respuesta al colectivo de las empleadas del hogar (el femenino no es casual), especialmente vulnerables en las circunstancias actuales, dado que no disponen de derecho a la prestación por desempleo, se crea un subsidio extraordinario temporal en los siguientes términos: Beneficiarios Podrán beneficiarse de este nuevo subsidio las personas de alta en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social (SEEH) antes del 14 de marzo (fecha de declaración del estado de alarma) que con posterioridad a esa fecha: Hayan dejado de prestar servicios, total o parcialmente, con carácter temporal, a fin de reducir el riesgo de contagio, por causas ajenas a su voluntad, en uno o varios domicilios y con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19. Hayan visto extinguido su contrato de trabajo por despido (art. 49.1.k Estatuto de los Trabajadores) o por desistimiento del empleador o empleadora (art. 11.3 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre) con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19. El hecho causante deberá acreditarse de la siguiente forma: Si se trata de disminución total o parcial de servicios, por medio de una declaración responsable, firmada por la persona o personas empleadoras. Si se trata de extinción del contrato de trabajo, este podrá acreditarse por medio de carta de despido, comunicación del desistimiento de la empleadora o empleador, o documentación acreditativa de la baja en el SEEH. El procedimiento para la tramitación de solicitudes, formularios a utilizar, sistema de tramitación (presencial o telemático) y plazos para su presentación será establecido por el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) contando para ello con 1 mes de plazo(hasta el 1 de mayo). Cuantía del subsidio. Cuatro supuestos: 1º Pérdida total de un único trabajo. La cuantía del subsidio se calculará aplicando a la base reguladora diaria un porcentaje, teniendo en cuenta que la cantidad resultante está topada. La base reguladora diaria de la prestación estará constituida por la base de cotización del empleado de hogar correspondiente al mes anterior al hecho causante, dividida entre 30. El porcentaje a aplicar será del 70 % La cuantía obtenida está limitada, topada, no pudiendo ser superior al salario mínimo interprofesional (SMI), excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias. 2º Pérdida parcial de un único trabajo: la cuantía del subsidio indicada se percibirá en proporción directa al porcentaje de reducción de jornada que haya experimentado la persona trabajadora. 3º Pérdida total de varios trabajos: se calculará la base reguladora correspondiente a cada uno de los distintos trabajos y se aplicará a cada una de las distintas bases el porcentaje del 70%. La cuantía total que resulte tendrá el límite señalado. 4º Pérdida parcial en todos o alguno de los trabajos: se aplicará a cada una de las cantidades obtenidas el porcentaje de reducción de jornada que haya experimentado la persona trabajadora en la actividad correspondiente; si la cuantía total del subsidio, previamente a la aplicación de dichos porcentajes, alcanzara el importe del SMI, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, se prorrateará dicho importe entre todos los trabajos desempeñados atendiendo a la cuantía de las bases de cotización durante el mes anterior al hecho causante de cada uno de ellos, aplicándose a las cantidades así obtenidas el porcentaje de reducción de jornada que haya experimentado la persona trabajadora en la actividad correspondiente. El pago del subsidio se hará por periodos mensuales, desde la fecha del nacimiento del derecho, entendiéndose por tal: la identificada en la declaración responsable, cuando el hecho causante consista en la reducción de la actividad; la de baja en la Seguridad Social, en el caso del fin de la relación laboral. Respecto a las compatibilidades e incompatibilidades de este subsidio extraordinario por falta de actividad, será compatible con las percepciones derivadas de las actividades por cuenta propia o por cuenta ajena que se estuvieran desarrollando en el momento de su devengo, incluyendo las que determinan el alta en el SEEH, siempre que la suma de los ingresos derivados del subsidio y el resto de actividades no sea superior al SMI. Y será incompatible con el subsidio por incapacidad temporal y con el permiso retribuido recuperable regulado en el Real Decreto-Ley 10/2020 (en adelante, RDL 10/2020). SE CREA EL SUBSIDIO DE DESEMPLEO EXCEPCIONAL POR FIN DE CONTRATO TEMPORAL (ART. 33 Y DISP. TRANS. 3ª RDL) Este subsidio se establece para paliar la situación de desprotección en la que pueden encontrarse las personas trabajadoras con contrato temporal cuya finalización se haya producido con posterioridad a la declaración del estado de alarma con el fin de equiparar su situación en lo posible a la de las personas que han sido incluidas en un ERTE y han podido acceder, aun sin cumplir la carencia establecida, a la correspondiente prestación de desempleo. Beneficiarios Personas trabajadoras que reúnan los siguientes requisitos: Extinción de contrato de duración determinada de, al menos, 2 meses de duración, con posterioridad al 14 de marzo de 2020 (fecha de la declaración el estado de alarma). Carecer de rentas en los términos establecidos en el artículo 275 de la LGSS. No reunir el periodo de cotización necesario para acceder a otra prestación o subsidio. Este subsidio será reconocido también a las personas con contratos de interinidad, formativos y de relevo. Cuantía Este subsidio excepcional consistirá en una ayuda mensual del 80 % del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) mensual vigente [80% x 537,84 euros (IPREM 2020): 430,27 euros/mes]. Duración: 1 mes, ampliable si así se determina por real decreto-ley. Este subsidio será incompatible con la percepción de cualquier renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración pública. Como también se indicó al abordar el subsidio extraordinario por falta de actividad, el SEPE establecerá el procedimiento para la tramitación de solicitudes, formularios a utilizar, sistema de tramitación (presencial o telemático) y plazos para su presentación en un plazo que expirará el 1 de mayo. SE EXTIENDE LA INCAPACIDAD TEMPORAL A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE SERVICIOS ESENCIALES EN CASO DE CONFINAMIENTO TOTAL (DISP. ADIC. 21ª RDL) Se prevé, con carácter excepcional y efectos desde el inicio de la situación que se describirá a continuación, la extensión de la protección por incapacidad temporal, mediante la expedición del correspondiente parte de baja, a las personas trabajadoras cuando concurran las siguientes circunstancias: Que se haya acordado el confinamiento de la población donde tengan su domicilio. Que estén obligados a acudir al trabajo por prestar servicios esenciales (RDL 10/2020) y para ello deban desplazarse de localidad. Que por la autoridad competente se haya denegado de forma expresa la posibilidad de desplazarse. Que no puedan realizar su trabajo de forma telemática por causas no imputables a la empresa para la que presta sus servicios o al propio trabajador. Que no tenga derecho a percibir ninguna otra prestación pública. La acreditación del acuerdo de confinamiento de la población y la denegación de la posibilidad de desplazamiento se realizará mediante certificación expedida por el ayuntamiento del domicilio ante el correspondiente órgano del servicio público de salud. De igual forma, la imposibilidad de realización del trabajo de forma telemática se acreditará mediante una certificación de la empresa o una declaración responsable en el caso de los trabajadores por cuenta propia ante el mismo órgano del servicio público de salud. SE HABILITA A LA TGSS PARA CONCEDER MORATORIAS DE COTIZACIONES SOCIALES A EMPRESAS Y AUTÓNOMOS (ART. 34 Y DISP. ADIC. 16ª RDL) La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) podrá otorgar moratorias de 6 meses, sin interés, a las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social, que lo soliciten y cumplan los requisitos y condiciones cuya fijación se emplaza a una futura, pero desde luego no lejana, orden ministerial. Sin perjuicio de ese desarrollo, las reglas que regirán para la moratoria son las siguientes: 1. Cotizaciones sociales afectadas La moratoria afecta al pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, incluidos los conceptos de recaudación conjunta devengados: entre los meses de abril y junio de 2020, si se trata de empresas; entre mayo y julio de 2020, en el caso de los trabajadores por cuenta propia, Advirtiéndose que estas cotizaciones deberán corresponder a actividades no suspendidas con ocasión del estado de alarma, y precisándose que la moratoria aquí regulada no será de aplicación a los códigos de cuenta de cotización (CCC) por los que las empresas hayan obtenido exenciones en el pago de la aportación empresarial así como en las cuotas de recaudación conjunta como consecuencia de los ERTE por fuerza mayor (art 24 RDL 8/2020). 2. Solicitudes Sin perjuicio de que la TGSS habilite otros medios electrónicos para llevarlo a cabo, las solicitudes deberán presentarse: Si se trata de empresas, a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), solicitudes que deberán individualizarse por CCC donde figuren de alta los trabajadores respecto de los que se solicita la moratoria. Si se trata de trabajadores por cuenta propia, a través del Sistema RED o por los medios electrónicos disponibles en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (SEDESS). Deben tenerse en cuenta dos cuestiones: primera, que para facilitar a los interesados la realización de las gestiones con la Seguridad Social, se permite a las empresas y gestorías autorizadas a actuar a través del Sistema RED a solicitar y hacer los demás trámites correspondientes por medios electrónicos. Y segunda, que la comunicación de la identificación del CCC y del período de devengo objeto de la moratoria, tendrá la consideración de solicitud. El plazo para comunicar estas solicitudes a la TGSS será el de los 10 primeros días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a los períodos de devengo objeto de moratoria, quedando excluida la posibilidad de moratoria para las cotizaciones cuyo plazo reglamentario de ingreso haya finalizado antes del momento de la solicitud. Y el plazo establecido para que la TGSS comunique la concesión de la moratoria será el de los 3 meses siguientes al de la solicitud, a través del Sistema RED o SEDESS. No obstante, se considerará realizada con la efectiva aplicación de la moratoria por parte de la Tesorería en las liquidaciones de cuotas que se practiquen a partir del momento en que se presente la solicitud. 3. Infracciones y sanciones (LISOS) Las solicitudes que contengan falsedades o incorrecciones en los datos darán lugar a las sanciones correspondientes en aplicación de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. A estos efectos se considerará como falsedad o incorrección haber comunicado a la TGSS: una actividad económica falsa o incorrecta en la solicitud de inscripción como empresa, o en el alta del trabajador en el correspondiente Régimen Especial, o en variación de datos posterior a la inscripción, o al alta; datos falsos que determinen la existencia de las condiciones y requisitos exigidos para conceder la moratoria. El reconocimiento indebido de moratorias como consecuencia de alguno de estos incumplimientos, dará lugar a su revisión de oficio y, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que proceda, a la aplicación a las cuotas objeto de indebida moratoria del correspondiente recargo e intereses conforme al Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social. SE PERMITE A EMPRESAS Y AUTÓNOMOS EL APLAZAMIENTO CON REBAJA DEL TIPO DE INTERÉS DEL PAGO DE DEUDAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL QUE TENGAN QUE INGRESAR ENTRE ABRIL Y JUNIO DE 2020 (ART. 35 y DISP. ADIC. 16ª RDL) Esta medida se extiende a empresas y trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad social o los autorizados para actuar a través del Sistema RED, con las siguientes condiciones: Que no tengan otro aplazamiento en vigor. Que el aplazamiento se refiera al pago de deudas cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020. Que se solicite antes del transcurso de los 10 primeros días naturales del plazo reglamentario de ingreso anteriormente señalado. Este aplazamiento, sujeto a los términos y condiciones establecidos para los aplazamientos «ordinarios» en la normativa de Seguridad Social, presenta como especialidad que tendrá un interés del 0,5% en lugar del 3,75% (interés de demora vigente en este momento y que conforme al art. 23.5 LGSS corresponde aplicar a los aplazamientos). Debe tenerse en cuenta, como se ha visto también para las moratorias, que las empresas y gestorías podrán a través del Sistema RED presentar por medios electrónicos las solicitudes y demás trámites correspondientes a estos aplazamientos en nombre de los obligados a los que representen. SE ESTABLECE LA COMPATIBILIDAD DEL SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENOR Y PRESTACIÓN POR DESEMPLEO O CESE DE ACTIVIDAD DURANTE LA PERMANENCIA DEL ESTADO DE ALARMA (DISP. ADIC. 22ª RDL) Las personas trabajadoras por cuenta ajena y los autónomos que vinieran percibiendo el subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave a fecha 14 de marzo de 2020 continuarán percibiéndolo durante el estado de alarma. Los trabajadores por cuenta ajena que se encontraran en esta situación no la verán alterada como consecuencia de verse afectados por un ERTE por las causas previstas en los artículos 22 y 23 del RDL 8/2020. En estos supuestos, el ERTE que tramite el empresario solo afectará al trabajador beneficiario de este subsidio en la parte de la jornada no afectada por el cuidado del menor, siendo, por tanto, compatible el percibo de este subsidio con la prestación por desempleo que pudiera tener derecho a percibir como consecuencia de la reducción de la jornada afectada por el ERTE. La empresa, cuando presente la solicitud de ERTE, indicará las personas que se encuentren en esta situación, señalando la parte de la jornada que se ve afectada por el ERTE. Durante el tiempo que permanezca el estado de alarma no existirá obligación de cotizar, teniéndose el periodo por cotizado a todos los efectos. SE ESTABLECE LA COMPATIBILIDAD DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN CON EL NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL ESTATUTARIO DE PROFESIONALES SANITARIOS JUBILADOS (DISP. ADIC. 15ª RDL) La pensión de jubilación en cualquiera de sus modalidades, incluido en su caso, el complemento a mínimos, se declara compatible con la actividad que conlleva el nombramiento como personal estatutario de los profesionales sanitarios jubilados médicos/as y enfermeros/as y el personal emérito. De igual forma, se establece que la pensión de jubilación que vinieran percibiendo al tiempo de su incorporación será compatible con el acceso a la situación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes y profesionales, si bien en el primer caso deberán acreditar el periodo de carencia de 180 días cotizados dentro de los 5 años anteriores (art. 172 de la LGSS). Además, estos profesionales también podrán acceder a la situación de incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo, aunque en este caso deberán ejercitar el derecho de opción, y, por último, causar las correspondientes prestaciones de muerte y supervivencia derivadas de accidente de trabajo cuando falleciesen con ocasión o por consecuencia del trabajo desempeñado por dicha reincorporación. SE HACE INDICACIÓN EXPRESA DE LA APLICACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES EN LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO DE LOS FIJOS DISCONTINUOS DEL ARTÍCULO 25.6 A LOS QUE HAYAN VISTO SUSPENDIDA SU RELACIÓN LABORAL ANTES DEL 28 DE MARZO (DISP. FINAL 1ª. 18) Con la nueva modificación del apartado segundo de la disposición transitoria primera del RDL 8/2020, se independiza de los demás supuestos la referencia a la aplicación de la medida contemplada en el artículo 25.6 del RDL 8/2020 referida a las especialidades para la prestación por desempleo de las personas trabajadoras fijas discontinuas y de las que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas que hayan visto suspendida surelación laboral como consecuencia del COVID-19 antes del 28 de marzo de 2020. SE RECURRE A LA VARIABILIDAD O ESTACIONALIDAD DEL EMPLEO COMO CIRCUNSTANCIAS A VALORAR PARA ENTENDER CUMPLIDO POR LAS EMPRESAS EL COMPROMISO DEL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO PREVISTO EN EL RDL 8/2020 (DISP. ADIC. 14ª RDL) Para considerar cumplida o no la obligación de mantenimiento del empleo establecido en la disposición adicional sexta del RDL 8/2020, durante el plazo de 6 meses desde la fecha de finalización de las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos basadas en el COVID-19, se indica que se tendrán en cuenta las especificidades de aquellas empresas que presenten una alta variabilidad o estacionalidad del empleo o una relación directa con eventos o espectáculos concretos (por ej. en el ámbito de las artes escénicas, musicales, cinematográfico y audiovisual). Añadiéndose que, en cualquier caso, dicho compromiso no se entenderá incumplido cuando en el caso de contratos temporales estos se extingan por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación. Por último, se precisa que las medidas previstas en los artículos 22 a 28 de RDL 8/2020 resultarán de aplicación a todas las personas trabajadoras, con independencia de la duración determinada o indefinida de sus contratos. SE AMPLÍA EN LAS UNIVERSIDADES LA DURACIÓN DE DETERMINADOS CONTRATOS DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (DISP. ADIC. 12ª) Ante la imposibilidad, por las restricciones a la circulación de las personas, de concurrir a los diversos procesos para el acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios, se prorrogan los contratos de ayudantes, profesores ayudantes doctores, profesores asociados y profesores visitantes, celebrados conforme a la Ley orgánica 6/2001, de Universidades, por una extensión equivalente al tiempo de duración del estado de alarma y, en su caso, sus prórrogas. Excepcionalmente, por motivos justificados y con carácter previo a la fecha de finalización del contrato, las partes podrán acordar otra prórroga de hasta 3 meses adicionales al tiempo indicado, pudiendo exceder en ambos casos los límites máximos previstos para su contratación en la citada Ley orgánica de Universidades. SE RECOGE LA POSIBILIDAD DE PRORROGAR LOS CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA DE LOS INVESTIGADORES (DISP. ADIC. 13ª RDL) Además de para el personal docente universitario, se toman medidas para el personal investigador contratado temporalmente. Así, se fijan unas reglas específicas aplicables a todos aquellos contratos de trabajo de duración determinada que son financiados con cargo a convocatorias públicas de recursos humanos en el ámbito de la investigación, efectuadas por los agentes de financiación del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. Dichas reglas van encaminadas a garantizar que las dificultades en la ejecución de tales contratos, derivadas de la declaración del estado de alarma (RD 463/2020) y de sus eventuales prórrogas, no impidan el adecuado desempeño del personal investigador así contratado, durante la vigencia de los mismos, habilitándose normativamente la posibilidad de prorrogar tales contratos cuando reste 1 año o menos para la finalización de los mismos. La prórroga podrá ser acordada por el tiempo de duración del estado de alarma y sus prórrogas y, cuando haya motivos justificados, por hasta 3 meses adicionales al tiempo de duración del estado de alarma y sus prórrogas. Además, cuando los contratos hayan sido suspendidos para posibilitar que las personas contratadas se integren en el Sistema Nacional de Salud para atender las contingencias derivadas de la situación de emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19, el tiempo de suspensión se adicionará al establecido en el párrafo anterior. En todo caso, la duración total del contrato de trabajo y de su eventual prórroga podrá exceder los límites temporales máximos previstos en la Ley 14/2011, de la ciencia, la tecnología y la innovación. SE AMPLÍAN LOS PLAZOS PARA RECURRIR (DISP. ADIC. 8ª RDL) Se establece que en cualquier procedimiento del que se puedan derivar efectos desfavorables o de gravamen para el interesado, el cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para instar cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje que los sustituyan de acuerdo con lo previsto en las leyes, se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación de la actuación administrativa objeto de recurso o impugnación con anterioridad a la declaración del estado de alarma. SE ESTABLECEN PREVISIONES EN MATERIA DE CONCURSO DE ACREEDORES (DISP. TRANS. 4ª Y DISP. FINAL 1ª.16) En parte extravagante de la norma se recogen las siguientes previsiones en función de si ha recaído o no resolución por el juez del concurso el 2 de abril de 2020 (fecha de entrada en vigor del RD 11/2020): Si se hubiera dictado auto por el juez del concurso acordando la aplicación de las medidas previstas en el RDL 8/2020, para los casos de ERTE por fuerza mayor o por causa económica, técnica, organizativa y de producción (ETOP), la resolución judicial tendrá plenos efectos para el reconocimiento de las prestaciones que correspondan según el referido real decreto-ley. Las solicitudes presentadas en las que no se haya dictado resolución por el juez del concurso deberán remitirse a la autoridad laboral y continuarán su tramitación por el procedimiento y con las especialidades previstas en los artículos 22 y 23 del RDL 8/2020, si bien las actuaciones previamente practicadas y el periodo de consultas que estuviera en curso o se hubiera celebrado conservarán su validez en el nuevo procedimiento. Por su parte, la disposición final primera, apartado 16, añade una disposición al RDL 8/2020 (la décima) para: (1) declarar aplicables a las empresas en concurso las medidas previstas en el capítulo II del RDL 8/2020 para los procedimientos de suspensión de contrato y reducción de jornada por causa de fuerza mayor y por causas ETOP, siempre y cuando concurran los presupuestos de hecho contemplados en los artículos 22 y 23 del RDL citado; (2) excluir la aplicación de la Ley 22/2003, concursal, y (3) especificar las especialidades que habrán de aplicarse a la tramitación y resolución de dichos procedimientos. SE PREVÉ LA APROBACIÓN DE UN PLAN DE ACTUACION PARA AGILIZAR LA ACTIVIDAD JUDICIAL EN EL ORDEN SOCIAL…«A LA VUELTA» (DISP. ADIC. 19ª) Para preparar la vuelta a la normalidad, sin duda acompañada de una carga enorme de trabajo para jueces y tribunales de lo social, se establece que una vez se haya dejado sin efecto la declaración del estado de alarma, y de sus prórrogas, se aprobará a la mayor brevedad posible y en todo caso en el perentorio plazo máximo de 15 días, un Plan de Actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo así como en el ámbito de los Juzgados de lo mercantil. SE PERMITE DESTINAR LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA COTIZACIÓN POR FORMACIÓN PROFESIONAL OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2020 A LA FINANCIACIÓN DE LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO O FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS (DISP. ADIC. 7ª RDL) Debido al impacto económico de las medidas aprobadas para hacer frente al COVID-19, se permite (dándose al efecto nueva redacción a la disp. adic. 124ª.1 Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del Estado para 2018), con carácter excepcional y extraordinario, destinar los ingresos derivados de la cotización por formación profesional obtenidos en el ejercicio 2020 a la financiación de cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de protección por desempleo definidas en el artículo 265 de la LGSS, o de programas que fomenten la contratación de personas desempleadas o les ayuden a recuperar empleo. OTRAS MEDIDAS SE EXTIENDE LA MORATORIA DE LA DEUDA HIPOTECARIA AL COLECTIVO DE AUTÓNOMOS, EMPRESARIOS Y PROFESIONALES RESPECTO DE LOS INMUEBLES AFECTOS A SU ACTIVIDAD ECONÓMICA La extensión de la moratoria de la deuda hipotecaria inicialmente prevista en el RDL 8/2020, para la vivienda habitual de las personas físicas, alcanza ahora al colectivo de los autónomos, empresarios y profesionales respecto de los inmuebles afectos a su actividad económica. SE PERMITE DISPONER DE LOS PLANES DE PENSIONES EN CASO DE DESEMPLEO O CESE DE ACTIVIDAD POR EL COVID-19 (disp. adic. 20ª RDL) Para contribuir a aliviar las necesidades de liquidez, con carácter excepcional y emplazando a un posterior desarrollo reglamentario, se podrán hacer efectivos los derechos consolidados en los planes de pensiones durante el plazo de 6 meses desde el 14 de marzo de 2020 (fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020), que podrá ser ampliado, en caso de situaciones de desempleo consecuencia de un ERTE y de cese de actividad de trabajadores por cuenta propia o autónomos que se produzcan como consecuencia del COVID-19. El importe de dichos derechos consolidados no podrá exceder de los salarios dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del ERTE para el primer caso, y de los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en caso del cese de actividad de los trabajadores autónomos. Consulte aquí en formato PDF

  • El Gobierno flexibiliza los aplazamientos de las cuotas de la Seguridad Social para empresas y autónomos
    por laboral el día marzo 31, 2020 a las 4:39 pm

    • Podrán solicitar el aplazamiento de las cuotas que se pagan en abril a un interés del 0,5%, siete veces inferior al establecido en la ley • Además, las cuotas que se paguen en mayo, junio y julio podrán ser objeto de moratoria, para su abono seis meses después sin recargos ni intereses • Si no se tuviera derecho a moratoria podrán también solicitar el aplazamiento al interés del 0,5%, durante mayo y junio • Los autónomos cuya actividad quedó suspendida por el decreto de alarma no tendrán recargos si pagan las cuotas previas fuera de plazo • Se flexibiliza la percepción de la prestación extraordinaria por cese de actividad para los profesionales del campo y de la cultura • Los perceptores del subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave incluidos en ERTE no verán modificada la prestación • Se facilitará a los profesionales sanitarios jubilados la reincorporación a la vida profesional activa El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, nuevas medidas extraordinarias para mejorar la situación de empresas y trabajadores por la crisis causada por el COVID-19. En primer lugar, los autónomos y empresas podrán solicitar el aplazamiento de las cuotas que se deben pagar en el mes de abril a un interés reducido del 0,5%, interés siete veces inferior al que normalmente se establece. Para acceder a estos aplazamientos, debe tratarse de empresas o autónomos afectados desde y por la situación provocada por el COVID-19. Por ello las empresas y trabajadores que se beneficien de este tipo de aplazamientos no pueden tener otro aplazamiento en vigor anterior. Se debe solicitar antes del transcurso de los diez primeros días naturales del mes de abril, para evitar la facturación de la cuota. Además, para facilitar su tramitación, la empresa o el autónomo que actúe a través de un profesional o de un tercero (graduados, gestores, abogados y demás autorizados del Sistema RED), podrá tramitarlo a través del mismo sin necesidad de ningún tipo de apoderamiento específico para ello. Moratoria a empresas y autónomos Por otro lado se ha dado luz verde a una moratoria a empresas y autónomos de hasta seis meses para el pago de las obligaciones con la Seguridad Social. De esta forma, podrán demorar su pago sin intereses ni recargos de las cotizaciones que deban efectuarse en los meses de mayo, junio y julio. Estas cuotas se deberán abonar seis meses después. Los requisitos para poder solicitar esta moratoria se establecerán a través de una Orden Ministerial y se pondrán en marcha modos ágiles de comunicación de solicitudes y respuesta de la Administración. La moratoria no será de aplicación para las empresas que hayan sido exoneradas de pagar cotizaciones sociales por sus trabajadores afectados por ERTEs por fuerza mayor a causa del coronavirus. Además las empresas y autónomos que pudieran no tener derecho a la moratoria también podrán solicitar el aplazamiento antes mencionado al 0,5% durante los periodos de pago de mayo y junio.  El objetivo de estas medidas es dar liquidez a empresas y trabajadores autónomos ante las dificultades causadas por la crisis del COVID-19 y favorecer el despegue de la actividad una vez deje de estar en vigor el estado de alarma. Por otra parte, para los trabajadores por cuenta propia que vieran su actividad suspendida con motivo de la entrada en vigor del decreto de alarma y se les reconociera el derecho al cese de actividad desde el mes de marzo, se han eliminado los recargos que pudieran corresponder por el retraso en el pago de las cuotas generadas hasta el día de dicho  reconocimiento. Para cubrir el resto de los días de marzo, estos trabajadores pueden pedir la prestación extraordinaria por cese de actividad aprobada hace dos semanas, que incluye, además del pago de una prestación mínima de 661 euros al mes, la exención en el pago de las cotizaciones sociales. Otras medidas El Consejo de Ministros también ha aprobado la modificación de los requisitos de acceso a la prestación extraordinaria para trabajadores por cuenta propia para adaptarla a los profesionales del sector agrario y a los profesionales de la cultura. En este sentido, los trabajadores agrarios utilizarán para acreditar la caída de la facturación del 75% la comparación con los mismos meses del año anterior y no el  promedio del semestre anterior, como ocurre con el resto de trabajadores por cuenta propia. Con ello, se tendrán en cuenta periodos comparables para establecer la pérdida de facturación, ya que las campañas agrícolas tienen un componente marcadamente estacional. En el caso de los profesionales de la cultura, la caída de ingresos se acreditará comparando los ingresos del mes con pérdidas con la media de los doce meses anteriores, ya que se ha tenido en cuenta que estos trabajadores tienen una distribución irregular de la actividad a lo largo del año. Por otra parte, se han ampliado las gestiones que pueden realizar los autorizados en el Sistema RED. A partir de ahora, y con el objetivo de agilizar los trámites, los autorizados RED estarán habilitados para gestionar los aplazamientos en el pago de deudas, las moratorias en el pago de cotizaciones y las devoluciones de ingresos indebidos. También se extiende la protección por incapacidad temporal para casos de situación excepcional de confinamiento total como consecuencia del COVID-19. Esta protección se extenderá a todos los trabajadores que tengan obligación de prestar servicios esenciales en una localidad diferente a la de su domicilio y no puedan hacerlo porque se haya establecido el confinamiento de la población donde vive. Los efectos serán desde el inicio de la situación de confinamiento, y mediante el correspondiente parte de baja. Además, tiene que haber sido denegada de forma expresa la posibilidad de desplazarse por la autoridad competente, normalmente el ayuntamiento, no pueda realizar su trabajo de forma telemática y no tenga derecho a percibir ninguna otra prestación pública. El Consejo de Ministros ha dado luz verde también a medidas adicionales para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia que perciban subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave hasta el 14 de marzo de 2020. Se ha decretado que durante el estado de alarma, el subsidio no se verá afectado por los ERTEs (suspensivos o de reducción de jornada) asociados al Real Decreto 8/2020. Finalmente, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones facilitará la reincorporación a la vida profesional activa a los profesionales sanitarios retirados mediante la eliminación de las incompatibilidades existentes en el artículo 213 de la Ley General de la Seguridad Social. De esta forma, estos profesionales sanitarios tendrán derecho a seguir percibiendo el 100 por cien de la pensión de jubilación que tuvieran reconocida en cualquiera de sus modalidades, incluido en su caso el complemento a mínimos. Además, tendrán la misma protección por el trabajo desempeñado que tienen el resto de profesionales sanitarios en activo. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (GABINETE DE PRENSA, 31-03-2020)

  • COVID-19. Autónomos y representantes sindicales y patronales están excluidos del ámbito de aplicación del RDL 10/2020
    por laboral el día marzo 30, 2020 a las 10:13 pm

    La Orden SND/307/2020, 30 de marzo (BOE de 30 de marzo), en vigor el mismo día de su publicación y de aplicación durante la vigencia del permiso retribuido recuperable regulado en el Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo, por un lado, especifica que están fuera del ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 10/2020 los trabajadores por cuenta propia y las actividades de representación sindical y patronal, y, por otro, establece el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo de aquellos que deben acudir a sus puestos. Respecto a las actividades excluidas del ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 10/2020, aclara que: El Real Decreto 463/2020, solo afecta a los autónomos que prestan sus servicios en actividades suspendidas por la declaración del estado de alarma y que el RDL 10/2020 no resulta de aplicación a las personas trabajadoras por cuenta propia. Las actividades de representación sindical y patronal no están afectadas por las restricciones de movilidad contenidas en el Real Decreto 463/2020 y en el Real Decreto-ley 10/2020, con el fin garantizar la asistencia y asesoramiento a personas trabajadoras y empleadores. Por otra parte, y puesto que Real Decreto-Ley 10/2020, establece una serie de excepciones que incluyen a las personas trabajadoras que desarrollan actividades esenciales (recogidas en su anexo) y contempla (en su art. 4) la posibilidad de que las empresas que deban aplicar el permiso retribuido recuperable establezcan, en caso de ser necesario, el número mínimo de plantilla o los turnos de trabajo estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la actividad indispensable, a lo que se añade –tras la aclaración de la que se acaba de dar cuenta- que las actividades de representación sindical o empresarial no están afectadas por las restricciones de movilidad, continúa habiendo personas trabajadoras deben acudir a sus puestos. En estos casos, las empresas o entidades empleadoras deberán expedirles, para facilitar su identificación por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, una  declaración responsable reconociendo tal circunstancia, de acuerdo con el modelo recogido en el anexo de la orden.