Noticias

  • El derecho al reembolso del cooperativista y su límite temporal
    el día julio 2, 2020 a las 12:13 pm

    En relación al plazo de ejercicio de la acción de reclamación del derecho de reembolso del cooperativista, señala que los propios estatutos establecen que dentro del plazo máximo previsto desde la baja, se producirá el reembolso cuando ingrese un nuevo socio. Sin embargo, si transcurre tal plazo sin que se haya producido la sustitución del antiguo cooperativista por el nuevo, deberá abonarse el reembolso sin más esperas o condicionamientos.

  • ¿Podemos recuperar el control de nuestros datos?
    el día julio 2, 2020 a las 12:05 pm

    “…el error desencadenante fue la regulación de la protección de datos mediante Directiva 95/46/CE (y no mediante Reglamento), pues ello provocó que los Estados miembros introdujeran sus propias interpretaciones y desarrollos en la transposición interna de la normativa europea…”

  • Los ALSPs hablan de cambio de paradigma en el sector legal:"estamos en la era del cliente"
    el día julio 2, 2020 a las 11:13 am

    Gericó Associates, primera consultora de Marketing Jurídico y Comunicación Legal en Europa y Latinoamérica, ha organizado un un evento digital con el objetivo de analizar cómo los ALSPs o, proveedores de servicios legales alternativos por sus siglas en inglés.

  • El TC declara inconstitucional la regulación de los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades
    el día julio 2, 2020 a las 7:38 am

    El Pleno del Tribunal Constitucional, ha estimado por unanimidad la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional sobre la regulación de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy mediante un real decreto-ley en septiembre del año 2016.

  • Hacienda facilita los datos fiscales para presentar el Impuesto sobre Sociedades
    el día julio 2, 2020 a las 6:12 am

    La Agencia Tributaria ha puesto desde ayer a disposición de los 1,6 millones de obligados tributarios por el Impuesto de Sociedades información de sus datos fiscales a efectos de la cumplimentación de la declaración del impuesto correspondiente al ejercicio 2019.

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  • Aprobado en Consejo de Ministros el Real Decreto por el que se establecen mejoras en las condiciones de trabajo en el sector pesquero
    por laboral el día junio 30, 2020 a las 5:40 pm

    El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para la mejora de las condiciones de trabajo en el sector pesquero. Con esta normativa, propuesta por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Ministerio de Hacienda, el Gobierno culmina la transposición de la Directiva (UE) 2017/159, adoptada el 19 de diciembre de 2016, tras el acuerdo de los interlocutores sociales del sector pesquero. La aprobación de este real decreto es, además, un paso previo para la ratificación del Convenio 188 de la OIT sobre el trabajo en la pesca. El Real Decreto contempla una serie de medidas principales, que elevan la protección laboral de los pescadores en los buques españoles y que regula las condiciones de habitabilidad en el desempeño de su trabajo, así como los protocolos de seguridad y asistencia. Entre las medidas adoptadas figuran las siguientes: Formalización del contrato de trabajo por escrito y deber de ofrecer información a la persona trabajadora sobre los aspectos esenciales del contrato. Se establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los alojamientos de la tripulación. Se introduce un derecho a la repatriación al país de residencia en caso de que la relación laboral se suspenda temporalmente o se extinga definitivamente. Se garantiza el derecho del trabajador a la atención médica, especialmente en los casos de desembarco en puerto extranjero. No se permite el trabajo nocturno a las personas menores de 18 años. La aprobación de este Real Decreto, junto con la obligación de que el contrato de trabajo de las personas trabajadoras en el sector pesquero se realice siempre por escrito, y la obligación de concretar un seguro de repatriación aprobada en el Consejo de Ministros del pasado viernes, completan la transposición de la Directiva. Esta mejora de las condiciones de trabajo de los pescadores se lleva a cabo de forma armonizada con el resto de los Estados miembros de la Unión Europea, creando unas condiciones equitativas de competencia con otros países de la UE. Con ello se refuerza al mismo tiempo el mercado interior y la dimensión social de la Unión Europea. De igual manera, se transmite una clara señal a países no comunitarios titulares de grandes flotas pesqueras, en el sentido de que la competitividad de estas flotas no puede hacerse depender de una adecuada protección de los trabajadores del sector, que debe quedar garantizada siempre y en todo caso. Finalmente, con la adopción de esta norma se equipará la situación de los pescadores con la de otras profesiones del sector marítimo, como las de la marina mercante, que ya disponen de una normativa similar. Este Real Decreto responde a una de las principales demandas del sector pesquero para mejorar las condiciones de trabajo en un sector clave para la economía española. Esta normativa crea unas condiciones equitativas de competencia con otros países de la Unión Europea, refuerza el mercado interior y la dimensión social a nivel europeo. CONSEJO DE MINISTROS (30-06-2020)

  • COVID-19. Fronteras: modificación de criterios para la aplicación de restricciones de viajes no imprescindibles desde terceros países
    por laboral el día junio 30, 2020 a las 7:17 am

    La Orden INT/578/2020, de 29 de junio (BOE de 30 de junio), con efectos desde las 00:00 horas del 1 de julio hasta las 24:00 horas del 8 de julio de 2020, modifica los criterios para la aplicación de la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Finalizada a las 24:00 horas del 30 de junio la prórroga a las restricciones temporales de viajes no imprescindibles en las fronteras exteriores establecida por la Orden INT/551/2020, de 21 de junio, a partir del 1 de julio de 2020 las restricciones de viajes desde países terceros serán levantadas progresivamente en todo el espacio Schengen. Teniendo en cuenta la situación epidemiológica, se elaborará un listado inicial de terceros países a cuyos residentes se aplicará el levantamiento de forma progresiva y siguiendo criterios de reciprocidad. Este listado se irá modificando periódicamente, con altas y bajas, incluyéndose, en paralelo, nuevas categorías de viajeros que quedarán exentas de las restricciones, independientemente de su lugar de procedencia. En la orden ministerial que se presenta no se aplica el mencionado listado, puesto que aún no han finalizando los trabajos sobre el mismo, lo cual supone que se procederá a su modificación o a la publicación de órdenes futuras para tener en cuenta el criterio geográfico cuando quede definido a nivel de la Unión Europea. Sin embargo sí se incluyen nuevas categorías de personas exentas de restricciones, dado que ya figuran en la Comunicación de la Comisión del 11 de junio, de forma que de la denegación de entrada a nacionales de terceros países, por motivos de orden público o salud pública, quedan exceptuadas las personas que pertenezcan a las siguientes categorías: Residentes en la Unión Europea, Estados asociados Schengen, Andorra, Mónaco, El Vaticano (Santa Sede) o San Marino. Titulares de un visado de larga duración expedido por un Estado miembro o Estado asociado Schengen (no siendo ya necesario verificar que se dirigen directamente al lugar de residencia). Estudiantes que realicen sus estudios en los Estados miembros o Estados asociados Schengen y que dispongan del correspondiente permiso o visado. Trabajadores altamente cualificados cuya labor sea necesaria y no pueda ser pospuesta o realizada a distancia. Estas circunstancias se deberán justificar documentalmente. Trabajadores transfronterizos. Profesionales de la salud, incluidos investigadores sanitarios, y profesionales del cuidado de mayores que se dirijan o regresen de ejercer su actividad laboral. Personal dedicado al transporte de mercancías en el ejercicio de su actividad laboral, dentro del que se consideran comprendidos los tripulantes de los buques, a fin de asegurar la prestación de los servicios de transporte marítimo y la actividad pesquera, y el personal de vuelo necesario para llevar a cabo las actividades de transporte aéreo. Será condición indispensable que tengan asegurada la inmediata continuación del viaje. Personal diplomático, consular, de organizaciones internacionales, militares, de protección civil y miembros de organizaciones humanitarias, en el ejercicio de sus funciones. Personas que viajen por motivos familiares imperativos debidamente acreditados. Personas que acrediten documentalmente motivos de fuerza mayor o situación de necesidad, o cuya entrada se permita por motivos humanitarios. Continúa indicándose que se colaborará con los transportistas y las autoridades de los Estados vecinos al objeto de que no se permita el viaje, de forma que no se tenga que recurrir al procedimiento administrativo de denegación de entrada y que las medidas no se aplicarán en la frontera terrestre con Andorra ni en el puesto de control de personas con el territorio de Gibraltar. Por último, se mantiene el cierre, con carácter temporal, de los puestos terrestres habilitados para la entrada y la salida de España a través de las ciudades de Ceuta y Melilla.   Te puede interesar: Hemos recopilado toda la actualidad laboral derivada de la crisis del coronavirus, una página en la que podrá consultar legislación al respecto, actividad jurisdiccional y noticias que iremos actualizando puntualmente. En el Canal de YouTube del CEF.- encontrarás jornadas online gratuitas de diferentes temáticas, información sobre oposiciones, másteres, cursos, entrevistas y mucho más contenido que esperamos sea de tu interés.

  • Publicado y en vigor el RDL 24/2020, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo
    por laboral el día junio 27, 2020 a las 6:10 pm

    El Real Decreto-Ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial (en adelante, RDL), publicado y en vigor el 27 de junio: (1) recoge el II Acuerdo en defensa del empleo (II ASDE), alcanzado por el Gobierno y los agentes sociales con el objetivo de modular las medidas extraordinarias y excepcionales previstas en el Real Decreto-Ley 8/2020, y en el I ASDE contenido en el Real Decreto-Ley 18/2020, cuya vigencia concluye el 30 de junio; (2) establece medidas para la protección de los trabajadores autónomos que tienen por objeto aliviar, en el ámbito de la Seguridad Social, de forma progresiva, la carga que el inicio o continuación de la actividad una vez levantado el estado de alarma debe asumir y que tiene sus consecuencias en la economía familiar; (3) da cumplimiento parcial al mandato de trasposición de la Directiva (UE) 2017/159 del Consejo, de 19 de diciembre de 2016, por la que se aplica el Acuerdo relativo a la aplicación del Convenio sobre el trabajo en la pesca de 2007 de la OIT; (4) modifica la Ley Ordenadora del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para llevar a cabo un ajuste organizativo; (5) crea y regula las condiciones para la puesta en marcha del Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI), para la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos derivados de operaciones de compraventa a medio y largo plazo del suministro de energía eléctrica entre consumidores electrointensivos y oferentes de energía eléctrica en el mercado de producción, promoviendo el desarrollo de fuentes de energía renovables, con el fin de otorgar mayor seguridad y certidumbre a estos contratos y favorecer la inversión de los intervinientes, y, por último (6), se aprovecha para establecer que el Gobierno tendrá en cuenta, hasta la reanudación del tráfico aéreo internacional, las particularidades que confieren a Canarias la condición de región ultraperiférica de la Unión Europea. De los contenidos apuntados daremos cuenta a continuación de las: MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL RELACIONADAS CON LOS ERTES MEDIDAS RELACIONADAS CON LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO MEDIDAS REFERIDAS A LA EXONERACIÓN DE CUOTAS EMPRESARIALES MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS MEDIDAS PARA LA TRASPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA SOBRE APLICACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA DEL CONVENIO 188 OIT EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO MEDIDA ORGANIZATIVA AFECTANTE AL CONSEJO RECTOR DEL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL   MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL RELACIONADAS CON LOS ERTES 1. SE MANTIENEN LOS ERTES POR FUERZA MAYOR TOTAL Y PARCIAL COMO MÁXIMO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE (art. 1 RDL) Esta medida únicamente será aplicable a los ERTES basados en las causas recogidas en el artículo 22 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, que hayan sido solicitados antes del 27 de junio de 2020 (fecha de entrada en vigor del RDL) y, como máximo, hasta el 30 de septiembre de 2020. Obligaciones de estas empresas y entidades: Reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por medidas de regulación temporal de empleo, en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada. Comunicar a la autoridad laboral la renuncia total, en su caso, al ERTE autorizado, en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos de aquella. Sin perjuicio de lo anterior, la renuncia a los ERTE o, en su caso, la suspensión o regularización del pago de las prestaciones que deriven de su modificación, se efectuará previa comunicación de estas al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de las variaciones en los datos contenidos en la solicitud colectiva inicial de acceso a la protección por desempleo. Comunicar al SEPE las variaciones que se refieran a la finalización de la aplicación de la medida respecto a la totalidad o a una parte de las personas afectadas, bien en el número de estas o bien en el porcentaje de actividad parcial de su jornada individual, cuando la flexibilización de las medidas de restricción que afectan a la actividad de la empresa permita la reincorporación al trabajo efectivo de aquellas. No concertar, durante la vigencia de los ERTES, nuevas contrataciones, directas o a través de empresas de trabajo temporal (ETT), ni establecer nuevas externalizaciones de la actividad, salvo cuando el personal regulado y que presta servicios en el centro de trabajo afectado por las nuevas contrataciones o externalizaciones, no pueda, por formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a aquellas, previa información al respecto por parte de la empresa a la representación legal de las personas trabajadoras. Por último, deberá tenerse en cuenta que las personas trabajadoras de las empresas que se acojan a estos ERTES no podrán realizar horas extra.   2. SE ESTABLECEN ESPECIALIDADES PARA LOS ERTES POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS Y DE PRODUCCIÓN (art. 2 RDL) Se regulan las especialidades para los ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP) que se inicien tras el 27 de junio de 2020 y hasta el 30 de septiembre, previendo que estos sucedan a ERTES por fuerza mayor. Las situaciones contempladas por este precepto para los ERTES por causas ETOP son dos: Los vigentes a 27 de junio de 2020, para los que seguirán siendo aplicables los términos previstos en la comunicación final de la empresa hasta la fecha de finalización referida en la misma. Los que se inicien entre el  27 de junio y el 30 de septiembre de 2020, a los que se aplicará el artículo 23 del RDL 8/2020 con especialidades que consisten en: la posibilidad de que se inicien estando vigente un ERTE por fuerza mayor y retrotraer los efectos a la fecha en la que finaliza el ERTE por causa de fuerza mayor cuando el debido a causas ETOP se inicie después de finalizado aquel. Durante la aplicación de estos ERTES, al igual que se establece para los ERTES por fuerza mayor, no podrán realizarse horas extraordinarias, ni establecerse (salvo imposibilidad de desarrollo de funciones por la plantilla propia debido a razones de formación, capacitación u otras objetivas y justificadas) nuevas externalizaciones de la actividad ni concertarse nuevas contrataciones, sean directas o indirectas.   3. SE SEÑALAN EXCLUSIONES Y LÍMITES RELACIONADOS CON REPARTO DE DIVIDENDOS (art. 5 RDL) Se excluyen de las medidas laborales contempladas en el RDL para los ERTE por fuerza mayor y por causas ETOP (arts. 1 y 2) las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en paraísos fiscales.  Salvo para las entidades que a 29 de febrero de 2020 tuvieran en alta menos de 50 personas trabajadoras, o asimiladas, las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que se acojan a los ERTES regulados en este RDL y que utilicen los recursos públicos destinados a los mismos, no podrán proceder al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que apliquen estos ERTE, salvo si abonan previamente el importe correspondiente a la exoneración de cuotas y han renunciado a ella.  Asimismo, se establece que no se tendrá en cuenta ese ejercicio en que no se distribuyan dividendos a efectos del ejercicio del derecho de separación de los socios en caso de falta de distribución de dividendos(regulado en el art. 348.bis.1 de la Ley de sociedades de capital).   4. LA SALVAGUARDA DEL EMPLEO SE EXTIENDE A LOS ERTES POR CAUSAS ETOP (art. 6 RDL) La obligación de mantener el empleo durante los 6 meses siguientes a la reanudación de la actividad  regulada en la disposición adicional 6ª del RDL 8/2020, se extiende, en los términos allí previstos, a las empresas y entidades que apliquen un ERTE por causas ETOP y se beneficien de las exoneraciones de cuotas previstas en el artículo 4 del RDL que nos ocupa y que se abordarán más adelante. Para las empresas que se beneficien por primera vez de las exoneraciones de cuotas a partir del 27 de junio de 2020, el plazo de 6 meses del compromiso de mantenimiento del empleo empezará a computarse desde el 27 de junio de 2020.   5. SE AMPLÍAN A 30 DE SEPTIEMBRE LAS MEDIDAS DE SALVAGUARDA DEL EMPLEO RECOGIDAS EN EL REAL DECRETO-LEY 9/2020 (art. 7 RDL) Se mantiene, en paralelo a la extensión hasta el 30 de setiembre de las medidas adoptadas respecto a los ERTES, la vigencia hasta esa fecha de las dos medidas siguientes: La fuerza mayor y las causas ETOP en las que se amparan los ERTES derivados del COVID-19 no justifican la extinción del contrato de trabajo (art. 2 RDL 9/2020). La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, por ERTE debido a fuerza mayor o a causas ETOP,  interrumpirá el cómputo de su duración y de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido respecto de las personas trabajadoras afectadas (art. 5 RDL 9/2020). Por último, sedefinen las funciones de la Comisión de Seguimiento tripartita laboral a partir del 27 de junio de 2020: valorar las medidas contenidas en este RDL y la evolución de la actividad económica y el empleo, así como analizar las eventuales medidas futuras para la protección del empleo y del tejido productivo (disp. adic. 3ª RDL), y se recoge el compromiso del Gobierno y los agentes sociales (CEOE, CEPYME, CC.OO. y UGT) de incorporar, a través de las cuatro mesas de diálogo constituidas con el Presidente del Gobierno, medidas tendentes a la creación de empleo (disp. adic. 5ª RDL).   MEDIDAS RELACIONADAS CON LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO Se establece la aplicación hasta el 30 de septiembre de las medidas extraordinarias previstas en materia de desempleo para los afectados por ERTES por COVID-19 (art. 25, apdos. 1 a 5, RDL 8/2020) y para los que, a partir del 1 de julio de 2020, se vean afectados por ERTES no pudiendo prestar sus servicios por la adopción de nuevas restricciones o medidas de contención como consecuencia de un rebrote (disp. adic. 1ª.2 RDL); y hasta el 31 de diciembre para los fijos discontinuos y para los que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas (art. 25.6 RDL 8/2020). La extensión de las prestaciones por desempleo hasta el 30 de septiembre: Se hará de oficio por la entidad gestora si han sido reconocidas por ERTES debidos a fuerza mayor o causas ETOP (arts. 22 y 23 RDL 8/2020) iniciados antes del 27 de junio de 2020. Ahora bien, corresponde a las empresas que renuncien de forma total al ERTE, o que desafecten a personas trabajadoras, la obligación de comunicar a la entidad gestora la baja de aquellas en la prestación por desempleo, con carácter previo a su efectividad. Deberá solicitarse por la empresa, en representación de las personas trabajadoras, cuando se generen como consecuencia de un ERTE por causas ETOP (art. 23 RDL 8/2020) comunicado a la autoridad laboral tras el 27 de junio de 2020. La solicitud colectiva de prestaciones por desempleo se hará en el modelo establecido al efecto en la página web o sede electrónica del SEPE en el plazo de 15 días (art. 268 Ley General de la Seguridad Social –LGSS–), debiendo figurar en el certificado de empresa la causa y fecha de efectos de la situación legal de desempleo. Tanto para los supuestos de prestaciones por desempleo por ERTES por fuerza mayor o causas ETOP iniciados antes del 27 de junio de 2020, como para los ERTE por causas ETOP comunicados con posterioridad a esa fecha, cuando durante un mes natural se alternen periodos de actividad y de inactividad, así como en los casos de reducción de la jornada habitual, y cuando se combinen ambos (días de inactividad y días en reducción de jornada), la empresa deberá comunicar a mes vencido, a través de la comunicación de periodos de actividad de la aplicación certific@2, la información sobre los días trabajados en el mes natural anterior. A estos efectos, en el caso de los días trabajados en reducción de jornada, las horas trabajadas se convertirán en días completos equivalentes de actividad dividiéndose el número total de horas trabajadas en el mes entre el número de horas que constituyesen la jornada habitual de la persona trabajadora con carácter previo a la aplicación de la reducción de jornada. Además, la empresa deberá también comunicar a la entidad gestora de la prestación por desempleo, con carácter previo a su efectividad, las bajas y las variaciones de las medidas de suspensión y reducción de jornada, datos que estarán a disposición de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Por último, en la disposición adicional 4ª del RDL se prevé una reunión del Ministerio de Trabajo y Economía Social con los agentes sociales (CEOE, CEPYME, CC.OO. y UGT) para tratar las cuestiones relacionadas con la prestación por desempleo reconocida durante los ERTE derivados del COVID-19 a las personas con varios contratos a tiempo parcial y las posibles soluciones al consumo durante el estado de alarma de las prestaciones y subsidios por desempleo de personas no afectadas por ERTE.   MEDIDAS REFERIDAS A LA EXONERACIÓN DE CUOTAS EMPRESARIALES En el RDL se contemplan diferentes supuestos según la situación de la empresa o entidad, estableciéndose distintos porcentajes de exención de la aportación empresarial devengada en los meses de julio, agosto y septiembre, en función de los diversos escenarios en que se encuentren las empresas y entidades, de forma que, por una parte, en el artículo 4 se recogen las que persiguen facilitar una transición adecuada que haga posible la recuperación gradual de la actividad empresarial, y, por otra, en la parte extravagante del RDL (disp. adic. 1ª) se contemplan otras exoneraciones –incompatibles con las citadas– dirigidas, por un lado, a apoyar en mayor medida a las empresas y entidades que a 30 de junio de 2020 continúan en situación de fuerza mayor total, y, por otro, a apoyar a las que se vean abocadas a partir del 1 de julio de 2020 a ese nuevo tipo de ERTES por fuerza mayor (al que ya hemos hecho referencia) como consecuencia de un rebrote de la pandemia por COVID-19. Así, los porcentajes de exoneración de cuotas y las condiciones variarán según los siguientes SUPUESTOS: 1. EMPRESAS Y ENTIDADES CON ERTE POR FUERZA MAYOR SOLICITADO ANTES DEL 27 DE JUNIO DE 2020 Y LAS QUE HUBIERAN DECIDIDO UN ERTE POR CAUSAS ETOP CON ANTERIORIDAD A ESA FECHA, ASÍ COMO LAS QUE PASEN A ESTE PROVENIENTES DE UN ERTE POR FUERZA MAYOR quedarán exoneradas del pago de la aportación que les corresponde (prevista en el artículo 273.2 de la LGSS y por los conceptos de recaudación conjunta), devengadas en julio, agosto y septiembre de 2020, en las siguientes cuantías: Para las empresas que a 29 de febrero de 2020 hubieran tenido menos de 50 personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social: 60%, respecto de las personas trabajadoras que reinicien su actividad a partir del 1 de julio de 2020, así como de las que lo hagan a partir de la fecha de efectos de la renuncia (art. 4.2.a) RDL 18/2020, de 12 de mayo), y de los períodos y porcentajes de jornada trabajados a partir de ese momento. 35 % respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que continúen con sus actividades suspendidas a partir del 1 de julio de 2020 y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión. Para las empresas que hubieran tenido el 29 de febrero de 2020 más de 50 personas trabajadoras o asimiladas: 40% respecto de las personas trabajadoras que reinicien su actividad a partir del 1 de julio de 2020, así como de las que lo hagan a partir de la fecha de efectos de la renuncia (art. 4.2.a) RDL 18/2020, de 12 de mayo), y de los períodos y porcentajes de jornada trabajados a partir de ese momento. 25% respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que continúen con sus actividades suspendidas a partir del 1 de julio de 2020 y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión. 2. EMPRESAS Y ENTIDADES EN ERTE POR FUERZA MAYOR TOTAL EL 30 DE JUNIO DE 2020 (RDL 18/2020, de 12 de mayo): Si a 29 de febrero de 2020 hubieran tenido menos de 50 personas trabajadoras o asimiladas: Respecto de las personas trabajadoras que continúen con sus actividades suspendidas a partir del 1 de julio de 2020 y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión: 70% respecto de las cotizaciones devengadas en el mes de julio de 2020; 60% respecto de las cotizaciones devengadas en el mes de agosto de 2020; y 35% respecto de las cotizaciones devengadas en el mes de septiembre. Si a 29 de febrero de 2020 hubieran tenido 50 o más personas trabajadoras o asimiladas: Respecto de las personas trabajadoras que continúen con sus actividades suspendidas a partir del 1 de julio de 2020 y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión: 50% respecto de las cotizaciones devengadas en el mes de julio; 40% respecto de las cotizaciones devengadas en el mes de agosto; y 25% respecto de las cotizaciones devengadas en el mes de septiembre. Cuando estas empresas y entidades reinicien su actividad (recuérdese, con posterioridad a 1 de julio), desde dicho momento y hasta el 30 de septiembre de 2020 las exoneraciones de cuotas tendrán las siguientes cuantías: Empresas que a 29 de febrero de 2020 hubieran tenido menos de 50 personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social: 60%, respecto de las personas trabajadoras que reinicien su actividad a partir del 1 de julio de 2020, así como de las que lo hagan a partir de la fecha de efectos de la renuncia (art. 4.2.a) RDL 18/2020, de 12 de mayo), y de los períodos y porcentajes de jornada trabajados a partir de ese momento. 35 % respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que continúen con sus actividades suspendidas a partir del 1 de julio de 2020 y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión. Empresas que hubieran tenido, el 29 de febrero de 2020, 50 o más personas trabajadoras o asimiladas: 40% respecto de las personas trabajadoras que reinicien su actividad a partir del 1 de julio de 2020, así como de las que lo hagan a partir de la fecha de efectos de la renuncia (art. 4.2.a) RDL 18/2020, de 12 de mayo), y de los períodos y porcentajes de jornada trabajados a partir de ese momento. 25% respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que continúen con sus actividades suspendidas a partir del 1 de julio de 2020 y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión. 3.EMPRESAS Y ENTIDADES QUE A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2020 SE VEAN ABOCADAS A UN ERTE POR FUERZA MAYOR –que tendrá que ser aprobado por la autoridad laboral en base a lo previsto en el artículo 47.3 del ET–, podrán beneficiarse, respecto de las personas trabajadoras adscritas y en alta en los códigos de cuenta de cotización de los centros de trabajo afectados, de una exoneración de la aportación empresarial devengada durante el periodo de cierre, y hasta el 30 de septiembre, del: 80% en el caso de las empresas que, a 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de 50 personas trabajadoras o asimiladas. 60% para empresas que hubieran tenido 50 o más personas trabajadoras o asimiladas en la fecha antes referida. Cuando estas empresas y entidades reinicien su actividad, desde dicho momento y hasta el 30 de septiembre de 2020, podrán beneficiarse de los siguientes porcentajes de exención: Empresas que a 29 de febrero de 2020 hubieran tenido menos de 50 personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social: 60%, respecto de las personas trabajadoras que reinicien su actividad a partir del 1 de julio de 2020, así como de las que lo hagan a partir de la fecha de efectos de la renuncia (art. 4.2.a) RDL 18/2020, de 12 de mayo), y de los períodos y porcentajes de jornada trabajados a partir de ese momento. 35 % respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que continúen con sus actividades suspendidas a partir del 1 de julio de 2020 y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión. Para las empresas que hubieran tenido el 29 de febrero de 2020 50 o más de 50 personas trabajadoras o asimiladas: 40% respecto de las personas trabajadoras que reinicien su actividad a partir del 1 de julio de 2020, así como de las que lo hagan a partir de la fecha de efectos de la renuncia (art. 4.2.a) RDL 18/2020, de 12 de mayo), y de los períodos y porcentajes de jornada trabajados a partir de ese momento. 25% respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que continúen con sus actividades suspendidas a partir del 1 de julio de 2020 y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión. Las exoneraciones de cuotas, en todos los supuestos, se aplicarán por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a instancia de la empresa que deberá previamente (1) comunicar la identificación de las personas trabajadoras y período de la suspensión o reducción de jornada, y (2) presentar declaración responsable a través del Sistema RED, respecto de cada código de cuenta de cotización y mes de devengo, sobre el mantenimiento de la vigencia de los ERTE. En los casos en que se presente ante la autoridad laboral renuncia expresa al ERTE, y con fecha de efectos desde dicha renuncia, se pondrá fin a las exenciones, debiendo asimismo las empresas comunicarlo a la TGSS a través del Sistema RED. Las personas trabajadoras no se verán afectadas por estas exoneraciones, manteniéndose la consideración del período en que se apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que resulte de aplicación lo establecido en el artículo 20 de la LGSS. En este punto interesa destacar la extensión de este beneficio a los afectados por ERTES por fuerza mayor o causas ETOP (arts. 22 y 23 RDL 8/2020) que no tengan derecho a la prestación por desempleo y respecto de los que la empresa no está obligada al ingreso de la aportación empresarial (como, por ejemplo, los consejeros y administradores de las sociedades de capital incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social como asimilados a trabajadores por cuenta ajena –art. 136.2 c) de la LGSS–). La disposición adicional 2ª del RDL, que incorpora esta medida, establece que se les considerará en situación asimilada al alta únicamente durante los periodos de suspensión de contratos o reducción de jornada en los que se aplican las exenciones en la cotización contempladas en los artículos 24 del RDL 8/2020, 4 del RDL 18/2020 y 4 del propio RDL 24/2020. A efectos de considerar estos lapsos de tiempo como efectivamente cotizados, se tomará como base de cotización el promedio de las bases de cotización de los 6 meses anteriores.   MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 1. SE ESTABLECE UNA EXENCIÓN A FAVOR DE LOS AUTÓNOMOS QUE HAYAN PERCIBIDO LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD DURANTE EL ESTADO DE ALARMA (art. 8 RDL) Con el objeto aliviar, en el ámbito de la Seguridad Social, de forma progresiva, la carga que deben asumir con el inicio o continuación de la actividad una vez levantado el estado de alarma y que tiene sus consecuencias en la economía familiar, a partir del 1 de julio de 2020, los autónomos incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar (RETMAR) que estuvieran en alta y vinieran percibiendo el 30 de junio la prestación extraordinaria por cese de actividad, tendrán derecho a una exención de sus cotizaciones a la Seguridad Social y formación profesional del: 100 % en julio; 50 % en agosto; y 25 % en septiembre. Reglas a tener en cuenta respecto a esta exención: Para determinarla se tomará como base de cotización la que se tuviera en cada uno de los meses indicados. Se mantendrá durante los períodos en los que los trabajadores perciban prestaciones por incapacidad temporal o cualesquiera otros subsidios siempre que se mantenga la obligación de cotizar. Será incompatible con la percepción de la prestación por cese de actividad.   2. SE PREVÉ LA POSIBILIDAD DE COMPATIBILIZAR LA PRESTACIÓN DE CESE DE ACTIVIDAD PREVISTA EN LA LGSS CON EL TRABAJO POR CUENTA PROPIA (art. 9 RDL) La medida, dirigida a los autónomos que vengan percibiendo hasta el 30 de junio la prestación extraordinaria por cese de actividad, se destina a garantizar unos ingresos que ayuden al trabajador autónomo a mantener la actividad, y consiste en la posibilidad de solicitar la prestación por cese de actividad contemplada en el artículo 327 de la LGSS, para lo cual deberán cumplirse los siguientes requisitos:   Estar afiliados y en alta en el RETA o en el RETMAR. Haber cotizado por cese de actividad durante un período mínimo de 12 meses continuados e inmediatamente anteriores al cese. No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación, salvo que no tuviera acreditado el período de cotización requerido para ello. Estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de cese de actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de 30 días naturales ingrese las cuotas debidas, produciendo la regularización del descubierto plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección. Acreditar una reducción en la facturación durante el tercer trimestre del año 2020 de al menos el 75 % en relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante ese tercer trimestre de 2020 unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros. Para determinar el derecho a la prestación mensual se prorratearán los rendimientos netos del trimestre, no pudiendo exceder de 1.939,58 euros mensuales. Para los casos de trabajadores autónomos que tengan uno o más trabajadores a su cargo, deberá acreditarse al tiempo de solicitar la prestación el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de Seguridad Social que tengan asumidas. Para ello emitirán una declaración responsable, pudiendo ser requeridos por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o por la entidad gestora para que aporten los documentos precisos que acrediten este extremo. En los supuestos de cese definitivo en la actividad con anterioridad al 30 de septiembre de 2020, los límites de los requisitos indicados anteriormente se tomaran de manera proporcional al tiempo de la duración de la actividad, y para hacer el cálculo se computará en su integridad el mes en que se produzca la baja en el régimen de Seguridad Social en el que estuviera encuadrado. La duración de esta prestación se extenderá como máximo hasta el 30 de septiembre de 2020, momento a partir del cual solo se podrá continuar percibiendo si concurren todos los requisitos del artículo 330 de la LGSS. La prestación, que se reconocerá con carácter provisional por las mutuas o el Instituto Social de la Marina (ISM), tendrá efectos el 1 de julio de 2020 si se solicita antes del 15 de julio, o, en otro caso, desde el día siguiente a la solicitud, debiendo ser regularizada a partir del 31 de enero de 2021. A partir del 21 de octubre de 2020 y del 1 de febrero de 2021, el ISM o las mutuas, siempre que tengan el consentimiento de los interesados otorgado en la solicitud, recabarán del Ministerio de Hacienda los datos tributarios de los ejercicios 2019 y 2020 necesarios para el seguimiento y control de las prestaciones reconocidas, si bien corresponderá a los autónomos la aportación de los datos que sean precisos en el caso de que las mutuas o el ISM no pudieran acceder a ellos. Una vez comprobados los datos por la entidad colaboradora o gestora competente para el reconocimiento de la prestación, se reclamarán (sin intereses ni recargo) las prestaciones percibidas por aquellos trabajadores autónomos que superen los límites de ingresos o que no acrediten la reducción en la facturación requeridos para generar el derecho, fijándose la fecha para su ingreso. Si transcurre el plazo fijado en la resolución que se dicte sin ingreso de las prestaciones, la TGSS procederá a su reclamación, con los recargos e intereses que procedan. El trabajador autónomo, durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, deberá ingresar en la TGSS la totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base de cotización correspondiente. Por su parte, la mutua o, en su caso, el ISM, abonará al trabajador junto con la prestación por cese en la actividad, el importe de las cotizaciones por contingencias comunes que le hubiera correspondido ingresar de encontrarse el trabajador autónomo sin desarrollar actividad alguna (art. 329 LGSS). Por último, se contempla la posibilidad de que el trabajador autónomo que haya solicitado el pago de esta prestación: Renuncie a ella en cualquier momento antes del 31 de agosto de 2020, surtiendo efectos el mes siguiente a su comunicación. La devuelva, sin necesidad de esperar a la reclamación de la mutua o de la entidad gestora, cuando considere que los ingresos percibidos durante el tercer trimestre de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los umbrales establecidos para mantener el derecho.   3. SE ARTICULA UNA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE TEMPORADA (art. 10 RDL) Por último, se contempla una prestación extraordinaria de cese de actividad cuyos destinatarios serán los trabajadores de temporada que como consecuencia de las especiales circunstancias que la pandemia ha provocado se han visto imposibilitados para el inicio o el desarrollo ordinario de su actividad. Los beneficiarios de la prestación, autónomos y socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como personas trabajadoras por cuenta propia en el régimen especial que corresponda, cuyo único trabajo a lo largo de los últimos 2 años se hubiera desarrollado en el RETA o en el RETMAR durante los meses de marzo a octubre, deberán cumplir los siguientes requisitos para acceder a la prestación extraordinaria: Haber estado de alta y cotizado en el RETA o en el RETMAR como trabajador por cuenta propia durante al menos 5 meses en el periodo comprendido entre marzo y octubre, de cada uno de los años 2018 y 2019. No haber estado en alta o asimilada entre el 1 de marzo de 2018 y el 1 marzo de 2020 en el régimen de Seguridad Social correspondiente como trabajador por cuenta ajena más de 120 días. No haber desarrollado actividad ni haber estado dado de alta o asimilado al alta durante los meses de marzo a junio de 2020. No haber percibido prestación alguna del sistema de Seguridad Social durante los meses de enero a junio de 2020, salvo que la misma fuera compatible con el ejercicio de una actividad como trabajador autónomo. No haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos que superen los 23.275 euros. Estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social o, en caso contrario, responder a la invitación al pago que se le haga ingresando las cuotas debidas en el plazo improrrogable de 30 días. La prestación extraordinaria de cese de actividad para este colectivo, que podrá solicitarse en cualquier momento durante el periodo comprendido entre el 27 de junio y el mes de octubre de 2020, tendrá una cuantía equivalente al 70 % de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desempeñada en el RETA o, en su caso, en el RETMAR; podrá comenzar a devengarse con efectos el 1 de julio de 2020, con una duración máxima de 4 meses, si se solicita dentro de los primeros 15 días naturales de julio; y no existirá durante su percepción la obligación de cotizar, permaneciendo el trabajador en alta o asimilada. Esta prestación será incompatible con: el trabajo por cuenta ajena; cualquier prestación de Seguridad Social que el beneficiario viniera percibiendo salvo que fuera compatible con el desempeño de la actividad como persona trabajadora por cuenta propia; el trabajo por cuenta propia cuando los ingresos que se perciban durante el año 2020 superen los 23.275 euros; con la percepción de las ayudas por paralización de la flota en el caso de tratarse de autónomos incluidos en el RETMAR. Debe tenerse en cuenta que las resoluciones de las entidades gestoras reconociendo el derecho serán provisionales y que a partir del 31 de enero de 2021 procederán a su revisión de manera que en los casos en que se concluyera que no debió generarse el derecho se iniciarán los trámites de reclamación de las cantidades indebidamente percibidas, fijándose el importe de la cantidad a reintegrar (sin intereses o recargo) y el plazo para llevarlo a cabo. El transcurso de ese plazo sin ingreso supondrá la reclamación por la TGSS de la deuda, en ese momento ya con los recargos e intereses que procedan. Por último, también para esta prestación se contempla la posibilidad de que el trabajador autónomo: Renuncie a ella en cualquier momento antes del 31 de agosto de 2020, surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación. La devuelva por propia iniciativa, sin necesidad de esperar a la reclamación de la mutua o de la entidad gestora, cuando considere que los ingresos que puede percibir por el ejercicio de la actividad durante el tiempo que puede causar derecho a ella superarán los umbrales establecidos con la consiguiente pérdida del derecho a la prestación. Para terminar con este bloque de medidas de protección del trabajador autónomo, se ha de tener en cuenta la creación de una Comisión de seguimiento de las medidas de apoyo para la recuperación de la actividad de los trabajadores autónomos en el ámbito de la Seguridad Social (disp. adic. 6ª RDL), que estará integrada por las personas designadas al efecto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como por la ATA, UPTA y UATAE, y cuya misión será hacer, como su nombre indica, el seguimiento y evaluación de las medidas expuestas establecidas en los artículos 8, 9 y 10 del RDL.   MEDIDAS PARA LA TRASPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA SOBRE APLICACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA DEL CONVENIO 188 OIT EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO Superada la fecha límite prevista al efecto (15 de noviembre de 2019), y tal como se indica en la disposición final 5ª del RDL, a través de las disposiciones finales 2ª y 4ª del mismo se da cumplimiento parcial al mandato de transposición de la Directiva (UE) 2017/159 del Consejo, de 19 de diciembre de 2016, por la que se aplica el Acuerdo relativo a la aplicación del Convenio sobre el trabajo en la pesca de 2007 de la OIT, quedando pendiente la norma reglamentaria por la que se concluya este proceso incluyendo el resto de condiciones para la mejora de las condiciones laborales en el sector pesquero. La trasposición parcial llevada a cabo por el RDL supone la incorporación al ordenamiento interno de: La exigencia de la forma escrita en todos los contratos de trabajo de los pescadores, para lo cual se da nueva redacción al artículo 8.2  del ET, aprovechando para reorganizar su contenido (disp. final 2ª RDL), estableciéndose asimismo  (disp. tras. única RDL) la obligación de formalizar por escrito en el plazo de un mes (hasta el 27 de julio de 2020) los contratos de trabajo verbales de los pescadores vigentes el 27 de junio de 2020. REDACCIÓN ANTERIOR REDACCIÓN VIGENTE   2. Deberán constar por escrito los contratos de trabajo cuando así lo exija una disposición legal y, en todo caso, los de prácticas y para la formación y el aprendizaje, los contratos a tiempo parcial, fijos-discontinuos y de relevo, los contratos para la realización de una obra o servicio determinado, los de los trabajadores que trabajen a distancia y los contratados en España al servicio de empresas españolas en el extranjero. Igualmente constarán por escrito los contratos por tiempo determinado cuya duración sea superior a cuatro semanas. De no observarse tal exigencia, el contrato se presumirá celebrado por tiempo indefinido y a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite su naturaleza temporal o el carácter a tiempo parcial de los servicios. Cualquiera de las partes podrá exigir que el contrato se formalice por escrito, incluso durante el transcurso de la relación laboral.   2. Deberán constar por escrito los contratos de trabajo cuando así lo exija una disposición legal y, en todo caso, los de prácticas y para la formación y el aprendizaje, los contratos a tiempo parcial, fijos-discontinuos y de relevo y los contratos para la realización de una obra o servicio determinado; también constarán por escrito los contratos por tiempo determinado cuya duración sea superior a cuatro semanas. Deberán constar igualmente por escrito los contratos de trabajo de los pescadores, de los trabajadores que trabajen a distancia y de los trabajadores contratados en España al servicio de empresas españolas en el extranjero. De no observarse la exigencia de forma escrita, el contrato de trabajo se presumirá celebrado por tiempo indefinido y a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite su naturaleza temporal o el carácter a tiempo parcial de los servicios. Cualquiera de las partes podrá exigir que el contrato se formalice por escrito, incluso durante el transcurso de la relación laboral.   La exigencia de que los armadores de buques pesqueros que enarbolen pabellón español y entren en un puerto extranjero suscriban un seguro obligatorio o garantía financiera equivalente, a fin garantizar el derecho de los pescadores enrolados a la repatriación a su país de residencia. Esta obligación se recoge en la  disposición final 4ª del RDL para cubrir los supuestos en que: El contrato de trabajo se haya extinguido. El contrato de trabajo haya sido denunciado por causas justificadas por una o ambas partes del contrato. La prestacion laboral no sea exigible por encontrarse el trabajo suspendido por causas no imputables a la voluntad del pescador. Se encuentren incapacitados para realizar las tareas requeridas en virtud del contrato de trabajo o no quepa esperar que las realice habida cuenta de las circunstancias, y no se encuentren dentro de los supuestos de repatriación ya contemplados en la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero.   MEDIDA ORGANIZATIVA AFECTANTE AL CONSEJO RECTOR DEL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Para concluir, referiremos la disposición final 1ª del RDL que modifica el artículo 29.1 a) de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, atribuyendo la presidencia del Consejo Rector del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social (hasta este momento recaía en la persona titular de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Economía Social).    

  • Aprobado en Consejo de Ministros el Real Decreto-Ley de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo
    por laboral el día junio 26, 2020 a las 5:55 pm

    El Consejo de Ministros ha dado luz verde a nuevas medidas para empresas, trabajadores por cuenta ajena y autónomos hasta el próximo 30 de septiembre tras el acuerdo firmado entre el Gobierno y los agentes sociales y el consenso alcanzando con las asociaciones de autónomos. Se trata del II Acuerdo Social en Defensa del Empleo firmado entre el Gobierno y los agentes sociales en los últimos meses. Tanto los ERTE como las medidas de autónomos han tenido gran impacto durante los meses de pandemia, protegiendo a casi 5 millones de trabajadores. Así mismo, el Real Decreto incluye la creación del Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI), para la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos derivados de operaciones de compraventa a medio y largo plazo del suministro de energía eléctrica (PPA) entre consumidores de energía eléctrica que tengan la condición de consumidores electrointensivos. Acuerdo con agentes sociales para los ERTE Para las empresas y los trabajadores por cuenta ajena, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales para prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre con nuevas exoneraciones en las cotizaciones sociales y el mantenimiento de la protección para las personas afectadas por ERTE. Las personas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo derivados del Covid-19, tanto de fuerza mayor total o parcial como basados en causas productivas o los tramitados en caso de rebrote, gozarán de la protección reforzada prevista en el anterior acuerdo: se les reconocerá la prestación aun cuando no acrediten periodo de cotización previo y se les aplicará el contador a 0. En primer lugar, para las empresas que aún tengan problemas para reiniciar la actividad, se crea una nueva figura: el ERTE de transición. En estos casos, en los que todos los trabajadores de la empresa continúan suspendidos, las exoneraciones serán decrecientes. Para las empresas con menos de 50 trabajadores, la exoneración será del 70% en julio, del 60% en agosto y del 35% en septiembre. En el caso de las empresas con 50 trabajadores o más, las exenciones en las cotizaciones sociales serán del 50%, del 40% y del 25% en julio, agosto y septiembre, respectivamente. En segundo lugar, se prorrogan los ERTE de fuerza mayor (antes parcial) para las empresas que reincorporen a parte de su plantilla, que se pusieron en marcha a mediados de mayo y que han contribuido a que más de 1,4 millones de trabajadores que estaban en ERTE por fuerza mayor se hayan reincorporado a sus puestos de trabajo. En este sentido, la prórroga mantiene el espíritu actual de bonificar más a las empresas por los trabajadores activados que a los que se quedan suspendidos. Para las empresas con menos de 50 trabajadores, las exoneraciones serán del 60% para los trabajadores activados y del 35% para los no activados durante los meses de julio, agosto y septiembre. Para las empresas con 50 y más trabajadores, las exoneraciones serán del 40% para los trabajadores activados y del 25% para los no activados durante los tres próximos meses. Los procedimientos de regulación temporal de empleo basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP) derivadas del Covid-19 iniciados antes y tras la entrada en vigor del presente real decreto-ley, siempre y cuando, en este último caso, sean inmediatamente consecutivos a un ERTE de fuerza mayor, y hasta el 30 de septiembre de 2020 se podrán acoger a las condiciones en materia de exoneraciones a la cotización de los ERTE por fuerza mayor. Además, en el acuerdo con los agentes sociales se incluye un nuevo tipo de ERTE para casos excepcionales en los que una empresa tenga que cerrar su centro de trabajo como consecuencia de un rebrote de la pandemia. En estos casos, que tienen que ser aprobados por las autoridades laborales, se establece una exoneración en las cotizaciones a la Seguridad Social del 80% para los trabajadores inactivos, del 60% para los activos en el caso de las empresas de menos de 50 empleados, y del 60% para los inactivos y del 40% para los activos para las empresas de más de 50 empleados. El Gobierno y los agentes sociales mantendrán la Comisión tripartita creada en mayo para valorar las medidas tomadas y se han comprometido a incorporar medidas tendentes a la creación de empleo a través de las cuatro mesas de diálogo constituidas con el presidente del Gobierno. Es clave la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley que prevé la creación de una mesa de diálogo en materia de desempleo con los agentes sociales. Esta mesa abre una nueva dimensión en el diálogo social ya que en ella se tratarán las cuestiones relacionadas con las prestaciones por desempleo durante la covid -19. Se trata de estudiar cómo proteger, por ejemplo, a las personas trabajadoras con varios contratos a tiempo parcial y de dar soluciones al consumo de prestaciones durante el estado de alarma a las personas que no pudieron ser incorporadas a los ERTE. Es un nuevo paso del diálogo social que avanza en la protección de todos los trabajadores para que nadie quede atrás. Las empresas que se acojan a las exoneraciones previstas en caso de ERTE, deberán mantener el empleo durante un período de seis meses. Durante un ERTE en vigor, las empresas no podrán efectuar despidos y tampoco podrán repartir dividendos. Quedan fuera del ámbito de aplicación de estos ERTE las empresas radicadas en paraísos fiscales. Las personas trabajadoras de las empresas que se acojan a estos ERTE no podrán realizar horas extra. No estará permitido que las empresas concierten nuevas contrataciones laborales, directas o a través de ETT, ni que establezcan nuevas externalizaciones, durante la vigencia de los ERTE. Extensión de las ayudas aautónomos Además, el Consejo de Ministros ha aprobado también la prórroga a las ayudas para trabajadores autónomos, que también han sido consensuada con las principales asociaciones ATA, UPTA y UATAE. En este sentido, el Gobierno ha establecido nuevas exoneraciones en las cotizaciones sociales para los más de 1,4 millones de autónomos beneficiarios de la prestación extraordinaria hasta el 30 de junio. En primer lugar, los beneficiarios de la prestación extraordinaria no tendrán que pagar las cotizaciones sociales del mes de julio y tendrán una exoneración del 50% en agosto y del 25% en septiembre, lo que supondrá un ahorro mínimo de más de 500 euros por autónomo durante los próximos tres meses. Para aquellos cuya actividad aún siga muy afectada por los efectos de la pandemia, podrán acceder a la prestación por cese de actividad ordinario si su facturación en el tercer trimestre es un 75% más baja que la del mismo periodo del año pasado, siempre y cuando sus rendimientos netos en el periodo no superen la cuantía equivalente a 1,75 veces el SMI del trimestre. Esta posibilidad, que será compatible con la actividad, supone un beneficio económico mínimo de 930 euros al mes por trabajador, ya que supone una prestación económica equivalente al 70% de la base reguladora más la exoneración de las cuotas por contingencias comunes. Para acceder a esta prestación ordinaria compatible con la actividad, no es necesario esperar a que termine el trimestre. Los trabajadores autónomos que estimen que pueden ser beneficiarios de la prestación pueden solicitarla en cualquier momento. Posteriormente se realizará una verificación del cumplimiento de los requisitos. Los autónomos tienen la posibilidad de renunciar a la prestación durante esos tres meses si ven recuperada su actividad. Además, por primera vez, se establecen ayudas específicas al colectivo de los autónomos de temporada. En su caso, podrán acceder a la prestación extraordinaria (del 70% de la base reguladora más la exoneración de las cotizaciones sociales) con efectos desde el 1 de junio hasta el 31 de octubre. Podrán solicitar estas ayudas los autónomos cuyo único trabajo a lo largo de los últimos dos años se hubiera desarrollado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar durante los meses de marzo a octubre y hayan permanecido en alta en los citados regímenes como trabajadores autónomos durante al menos cinco meses al año durante ese periodo. Además, sus ingresos en 2020 no podrán superar las 1,75 veces el SMI (23.275 euros). Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI) Con la creación del fondo se da cumplimiento al compromiso político de apoyo al sector industrial electrointensivo. Se trata de una medida clave para ayudar a la gran industria a rebajar su factura energética alcanzando un precio estable, y a hacerla más competitiva; a la vez, da seguridad y certidumbre para impulsar las inversiones en las plantas. El FERGEI está dotado con 200M€ anuales, para cubrir, como máximo, 600M€ de inversión en tres años. La administración de la tesorería del Fondo se encomienda al Consorcio de Compensación de Seguros y se designa como Agente Gestor a la Compañía Española de Seguros de Crédito para la Exportación (CESCE). Para que las industrias puedan obtener esas garantías para PPA, deberán contratar al menos por cinco años un 10% de su consumo anual, una vez que el fondo haya sido puesto en marcha. Se estima en más de seiscientos el número de beneficiarios potenciales, y que el 80 por ciento de los consumidores electrointensivos podría firmar contratos de este tipo por diez años. Este instrumento estará integrado en el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que se encuentra en la última fase de tramitación, y que se aprobará en las próximas semanas. CONSEJO DE MINISTROS (26-06-2020)

  • El difícil tránsito del ERTE por fuerza mayor al ERTE por causas ETOP
    por Editorial el día junio 24, 2020 a las 11:24 am

    En la anterior crisis económica se hablaba de brotes verdes para indicar que se vislumbraban signos de recuperación, pero en la actual crisis provocada por la COVID-19, en vez de brotes, tenemos rebrotes, pero de contagios, que amenazan con paralizar de nuevo parte de nuestra economía. Y entre los brotes verdes que podemos vislumbrar, con la vuelta de la actividad y la apertura de nuestro país al turismo de Europa, las empresas se encuentran con el problema del número de trabajadores que necesitan para retomar su mermada actividad, debiendo dejar al resto en un ERTE por causas ETOP, es decir, por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. En este contexto, el Gobierno y los agentes sociales se afanan por cerrar un acuerdo para buscar una prórroga a los ERTE, por lo menos hasta el 30 de septiembre, de unos ERTE que aunque ya no serán por fuerza mayor, por el transcurso de las negociaciones, parece ser que las condiciones serán mejores que las de los actuales ERTE ETOP, los cuales se perfilan como esenciales para facilitar la recuperación gradual de la actividad de los trabajadores. ¿En qué consiste el acuerdo para la prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre? Si bien el acuerdo está avanzado, todavía no se encuentra cerrado y aún existen flecos que deberían cerrarse, aunque el tiempo apremia y el acuerdo final no parece que vaya a desviarse demasiado del último borrador que el Gobierno trasladó a los agentes sociales, en donde lo más destacado sería lo siguiente: Se extiende la cobertura reforzada a los ERTE por causas ETOP, para fomentar el tránsito de los expedientes por fuerza mayor, que como tales dejarán de tener vigencia a partir del 1 de julio. A partir del 1 de julio y hasta el 30 de septiembre, tanto los expedientes que se hubieran iniciado por causas de fuerza mayor, como los ERTE por causas ETOP recibirán una exoneración de las cuotas a la Seguridad Social de entre el 45% y el 65% para los trabajadores que vuelven a la actividad y del 30% al 40% para aquellos que siguen con el empleo suspendido, determinándose el porcentaje a aplicar en función del tamaño de la empresa, de manera que las empresas de menos de 50 trabajadores gozarán de una exoneración del 65% para los trabajadores que se reincorporen a la actividad y del 40% para los que sigan afectados por el ERTE, mientras que para las grandes empresas la exoneración será del 45%, para los trabajadores que se reincorporen y del 30% para los trabajadores que sigan en el ERTE. Para las empresas que se encuentren acogidas a un ERTE, no estará permitida la realización de horas extraordinarias, ni las contrataciones, ni la externalización de tareas, a no ser que entre los trabajadores que se encuentren en el ERTE no puedan o no tengan la formación necesaria para cubrir el puesto. Se mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo y la suspensión de contratos temporales. Seguirá vigente la prohibición de la realización de despidos objetivos. Se mantienen los derechos de los trabajadores en el ERTE en lo relativo a las prestaciones, de manera que el tiempo en el ERTE no consumirá tiempo de derecho a la prestación por desempleo. Además se mantienen las prestaciones a los afectados, aunque no se cumpla con el periodo de cotización mínima. Para evitar tener problemas en la tramitación o prórroga de los ERTE, es esencial que el desarrollo del procedimiento de preparación, negociación, adopción de las medidas de suspensión o reducción, así como de acompañamiento social y, finalmente, comunicación a la autoridad laboral se efectúe de acuerdo con las previsiones de la normativa aplicable y los criterios jurisprudenciales, teniendo en cuenta el control posterior que puede efectuar la Administración y, en particular, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la posibilidad de impugnación ante los juzgados de las medidas adoptadas por la empresa. Para todos aquellos interesados en formarse para conocer todo lo relativo al tránsito del ERTE por fuerza mayor al ERTE por causas ETOP, el CEF.- ha preparado el Curso sobre los ERTE COVID-19: El Tránsito de la Fuerza Mayor a las Causas ETOP, un completo programa formativo dirigido principalmente a los responsables de los departamentos de Personal y Recursos Humanos, así como a los abogados, asesores, consultores y gestores de empresas. José Ramón Fernández de la Cigoña Fraga Colaborador del CEF.-

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